En Tiempo y Forma
EN TIEMPO Y FORMA
Alberto Híjar.
El señor secretario de Gobernación denuncia a la burocracia como retardante de la justicia. No siempre es así porque el influyentismo o las órdenes de Estado pueden resolver en minutos lo que de otra manera llevaría meses o años. Por ejemplo, Miguel Ángel Beltrán acudió durante nueve meses a Gobernación a actualizar su premiso de estancia para continuar sus estudios de postdoctorado en la UNAM. Se hacía acompañar por abogados de la Rectoría preocupados por el lento trámite hasta que un día que les pidieron esperar en un pasillo, dejaron correr las horas y cuando preguntaron, el estudioso colombiano había llegado a su país ante el regocijo televisual programado de los presidentes Calderón y Uribe por la detención del presunto terrorista. La deportación express evitó todo trámite, toda defensa. No es la primera vez que esto ocurre porque Enrique Gorriarán, el legendario Pelao que combatió en Argentina y Nicaragua y ejecutó al dictador nicaragüense Somoza en Paraguay, fue secuestrado en Tepoztlán por un comando argentino apoyado por policías mexicanos para conducirlo directo al aeropuerto y de ahí a Buenos Aires. En su autobiografía, El Pelao narra lo ocurrido con el título de dos presidentes en contra: Zedillo y Menem. Injusticia expedita anula burocracia.
En el caso de la defensa del bosque y el agua en Zacacuautla, la burocracia actúa en el sentido aludido por Gómez Mont. Al seguimiento legal estricto y puntual, en tiempo y forma como dicen los burócratas, de la Delegación y los vecinos organizados, Gobernación de Hidalgo, SEMARNAT y el Municipio de Acaxochitlán dan largas, alegan inconsistencias, solicitan nuevas pruebas, mientras los talamontes atacan al bosque y a los defensores de él. Las movilizaciones del pueblo por fin indignado, han obligado a las autoridades a recorrer los daños ambientales y a participar en asambleas donde han sido increpados por los vecinos hartos. Tramiten en tiempo y forma, responden mientras amenazan con órdenes de aprehensión por el cierre de la carretera y el uso de una patrulla recuperada para el bloqueo, ultimo recurso para llamar al elusivo presidente municipal a comparecer y castigar a los policías protectores de los talamontes y su muy conocida banda de ladrones y asesinos Los Negros. En tiempo y forma, insisten los funcionarios.
La burocracia puede guardar órdenes de aprehensión y procesos legales durante el tiempo necesario para esperar el momento decidido por los intereses de Estado turbio o por influyentes caciques. La globalización de la infamia internacionaliza los asuntos y hace de Lucía Andrea Morett, por ejemplo, una rehén acusada de terrorismo y otros, como dicen las consignaciones para permitir inclusiones adversas. Testigo y víctima de la invasión del ejército colombiano y los yanquis bombarderos de la base de Manta en Ecuador, sobrevivió al brutal ataque donde cayó el Comandante Raúl Reyes con más de veinte combatientes de las FARC y cuatro estudiantes mexicanos que apenas llegaban esa noche al campamento de Sucumbíos. Torturada por ambos ejércitos y luego internada en un hospital, Lucía Andrea ha sido ignorada por el gobierno de México y ahora está escondida con la amenaza de deportación solicitada por la injusticia colombiana y ecuatoriana. La INTERPOL la busca aunque el procurador general de México ha declarado carecer de órdenes para su captura. La burocracia adquiere en este caso un sentido amenazante compartido por 16 inculpados por dos membretes yunquistas y los periodistas sicarios que los acompañan, por haber firmado la convocatoria del Encuentro Bolivariano al que asistieron los estudiantes mexicanos para convivir con otros estudiosos también interesados en Nuestra América como llama José Martí al continente de la justicia. Igual sentido intimidatorio guarda los procesos y las órdenes de aprehensión para ofrecerlas a la alta burocracia urgida de represión. Tal ocurre en el caso de Jacobo Silva y Gloria Arenas quienes debieran estar libres una vez que los amparos anularon las acusaciones de homicidio, pero al aumentarles la pena por los delitos menores pendientes y acumularles un proceso en otro juzgado del Estado de México donde el futuro presidente de la República aplica mano de hierro contra los pueblos, no sólo permanecen en prisión sino Jacobo ha sido trasladado a Nayarit. Todo vale mientras según declara la magistrada Sánchez Cordero en reunión con otros burócratas, el Código Federal de Procedimientos Penales no funciona. Las formas obsoletas de la Ley de Amparo y de ese código impiden la justicia, afirma la ministra.
En fin, atinó el señor secretario de Gobernación veterano en la defensa de empresarios tan gángsters como Raúl Salinas, pero se quedó corto y él lo sabe.
Etiquetas: Burocracia, Gobernación, injusticia
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