Guerra Justa
GUERRA JUSTA
Alberto Híjar.
Guerra justa llamó Obama a la invasión de Afganistán y a lo hecho antes con Irak. Los talibanes no entienden de razones afirmó al recibir el Premio Nóbel de la Paz, el mismo que años atrás fuera entregado a Kinssinger el secretario de estado yanqui organizador del golpe de Estado en Chile en 1973. Quizá ambas decisiones tienen el mismo sentido de contentamiento a los criminales de Estado mayores para ver si así se apiadan de las invasiones devastadoras.
Obama no hizo sino repetir de otra manera la afirmación de Marx de que “la guerra está en la paz” porque la lucha de clases implacable tiene que llegar a situaciones límite en las que el Estado protege los intereses de los grandes propietarios y ataca por vía de los ejércitos que parecen no servir para nada sino cuando se llega a situaciones extremas. Para continuar el tratamiento de este problema habría que poner en crisis la exclusividad del uso de la violencia por parte de los Estados para preguntar si cuando ellos desprecian las leyes en perjuicio de los trabajadores más humildes, el derecho a la guerra justa cambia de promotor. Tal es la posición de las organizaciones político-militares usualmente nombradas como organizaciones armadas. Su clandestinaje es la forma de existencia necesaria para oponer a la arbitrariedad del Estado la de las armas como principio del poder del pueblo organizado. La frase-consigna de “el poder está en la punta del fusil” es el reconocimiento del poder del Estado en última instancia que exige una respuesta equiparable aunque en desventaja respecto al poder de fuego.
Obviamente, Obama no avala a las organizaciones armadas del lado de los pueblos reprimidos, pero siguiendo su razonamiento es válido plantear la lucha por el poder en términos político-militares sobre todo cuando la economía política que ha dado lugar al gobierno mundial del capital financiero y los grandes empresarios, organiza no sólo la extinción de los derechos de los trabajadores, la privatización de lo que fueran servicios públicos para convertirlos en negocios, la devastación planetaria como expropiación de las fuentes energéticas, la biodiversidad y el agua, todo lo cual exige a los ejércitos que el liberalismo decimonónico concibiera como defensores nacionales, actuar como fuerzas de ocupación en contra de los pueblos. La autodefensa que puede llegar al extremo armado, es la respuesta social necesaria a lo que Amnistía Internacional ha encontrado como calamidad mexicana por las múltiples violaciones impunes de las fuerzas militares con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. La policía comunitaria organizada en San Luis Acatlán Guerrero con toda la oposición del gobierno de ese estado, ha logrado consolidarse como una ejemplar manera de ejercer sus propias medidas de seguridad.
El derecho a la violencia ha sido discutido no sólo en la práctica de las organizaciones político-militares sino por teóricos como Habermas para llevarlas al punto de la crisis de legitimidad y legalidad que exige una respuesta radical en el sentido de que vaya a la raíz del problema y no se quede en la mera denuncia inútil tal como ocurre con las organizaciones de defensa de los derechos humanos que saben de trámites no vinculatorios en el sentido de que no pueden pasar de ser recomendaciones que pueden o no ser atendidas por los victimarios.
En toda esta problemática cuenta la guerra como negocio, tan obvio como las acciones mayoritarias de Dick Cheney con Halliburton, la empresa que primero surtió de todo lo necesario a las tropas en Irak para después emprender proyectos de reconstrucción. La aparentemente inútil vicepresidencia norteamericana cumple, sobre estas bases la tarea estratégica de hacer de la guerra un acuerdo mercantil con los Estados involucrados con los consiguientes beneficios a sus funcionarios. Esto explica las llamadas guerras de baja intensidad que significan evitar golpes definitivos a cambio de hostigamientos, asesinatos selectivos, desapariciones adecuadas y masacres para desalentar los apoyos de las bases sociales. Los pleitos recientes entre el ejército y la marina en México tienen que ver con su participación en los operativos contra el narcotráfico que conllevan beneficios económicos sobre todo para los mandos superiores. De aquí que la aprobación del Senado de los primeros fondos de centenares de millones para la Iniciativa Mérida apenas probada con poco más de una veintena durante 2009, despierte ambiciones que resultan un gran regalo de fin de año para los primeros responsables. El gobernador de Chiapas se ostenta diariamente como defensor de los pueblos indígenas y hasta se ha vestido de chamula y ha intentado leer en tzotzil para conmover a las organizaciones internacionales de Estados de su buena voluntad que no pasa de comparecencias espectaculares y repartición de limosnas, lo cual es suficiente para advertir la guerra necesaria y justa contra quienes exijan el cumplimiento de sus derechos históricos a la tierra, sus recursos naturales y las costumbres y usos a los que ha dado lugar, obviamente opuestos a los proyectos turísticos y energéticos trasnacionales en marcha en todo el mundo y en especial en Chiapas y otras regiones devastadas por la pésima administración que hace de los ciclones y los terremotos algo irremediablemente maligno para los pueblos afectados por la construcción de presas, desvío de ríos, tala de montes, destrucción de playas y manglares con todas sus consecuencias para los trabajadores más humildes. Así se engendra la guerra justa y necesaria que Obama insinuó al reducirla sólo al injusto derecho a la violencia de la potencia más criminal de la historia.
Etiquetas: Guerra, Kinssinger, Obama, Premio Nóbel de la Paz
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