Secuestro de Estado

SECUESTRO DE ESTADO.

Alberto Híjar.

En estos días, diputados y senadores discuten sobre el secuestro. Entre las precisiones necesarias ignoran aún las promovidas por la señora Miranda de Wallace respecto a los daños a los familiares y allegados. Esto conlleva la prescripción del delito evidentemente improcedente por los daños profundos que acarrea. De aquí también la responsabilidad del Estado para el tratamiento de las víctimas y el necesario apoyo a las organizaciones civiles empeñadas en la solución del problema, en especial, la de nombre elocuente: Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Este nombre alude a un punto de obligado tratamiento: el terrorismo de Estado. Sólo en él y por él se da la asociación tortura-impunidad…y secuestro. Es tan grave esta asociación que el más grande revolucionario centroamericano, Salvador Cayetano Carpio tituló su primer testimonio Secuestro y capucha. Ataduras y capucha asfixiante son obligados en el proceso de despersonalización de todas las torturas de Estado luego del secuestro policíaco o militar.

Con el proceso de militarización y paramilitarización en marcha orgullosa de Calderón, el terrorismo de Estado se fortalece. El Día del Ejército, Calderón llamó a legalizar atribuciones militares para actuar contundentemente según amenaza del general Galván. No usan aún el estado de emergencia sino basta con decir, por ejemplo, estado de afectación. “Más Colombia en México y más México en Colombia” proclamaron Álvaro Uribe y Calderón en la Feria del Libro de Bogotá con la invitación especial a México nada casual. Distinguidos escritores de Estado ofrecieron conferencias y entrevistas. Una cultura del terrorismo de Estado con todo y su impunidad es avalada y reproducida con la anuencia de intelectuales tan privilegiados como Krauze, Aguilar Camín, Volpi y hasta Sergio Pitol quien se dejó homenajear.

Todo esto merece discusión parlamentaria. El Estado soluciona una injusticia para consolidar y tapar muchas más. Sale libre luego de catorce meses el inculpado del asesinato de Brad Will en Oaxaca, pero no se repara el daño a él y su familia. Ahí mismo se vio desaparecer golpeados y amarrados a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz a quienes defiende el EPR luego de probar su poder de fuego con el ataque a ductos de PEMEX y la convocatoria a una Comisión que luego de cumplir puntualmente topó con la intolerancia de las secretarías de la Defensa y Gobernación para dar por terminado el diálogo. El EPR pidió continuar y la Comisión aceptó seguir y hasta se amplió incorporando valiosos auxiliares. La Secretaría de la Defensa alegó pérdida del documento donde se enlistaban los interrogantes aún sin responder. La impunidad se impone y Carlos Montemayor, el escritor siempre solidario y de respuesta rápida, sufre grave enfermedad acumulada al desánimo en el punto de quiebre con el Estado represor y protector de criminales. Los dos desaparecidos del EPR sufren más que los once de Atenco incluyendo a los tres en penal de máxima seguridad culpados de secuestro equiparado o sea algo que se parece al secuestro pero que no lo es cuando retuvieron rehenes de Estado como propaganda pública el auditorio al aire libre de Atenco para entregarlos frente a cámaras y micrófonos a diferencia de los ejércitos del Estado que rompieron puertas y sacaron a rastras a inocentes. La recomendación de prisión perpetua de la señora Miranda de Wallace contra los secuestradores por incorregibles, se aplica en cambio a los de Atenco sentenciados a más de 65 años de cárcel.

A la estrategia revolucionaria de guerra popular prolongada y a las autodefensas de comunidades agredidas, el Estado responde con la guerra de baja intensidad y la defensa de la seguridad nacional. Para eso están los asesores no sólo yanquis, sino los franceses herederos del colonialismo contra los pueblos de Haití, Argel y Vietnam, los israelíes defensores del sionismo crudelísimo y los traidores centroamericanos como Joaquín Villalobos que si asesinó a Roque Dalton y entregó sus armas a Salinas de Gortari antes de firmar los Acuerdos de Chapultepec liquidadores del FMLN, es capaz de cualquier complicidad con los represores a quienes asesora.

Todo esto pone en crisis al parlamentarismo mexicano que una vez más podría optar por el institucionalismo falaz y retardatario de las comisiones de derechos humanos y las fiscalías especiales de todas maneras sin capacidades más allá de las recomendaciones contra las desapariciones forzadas. Pero también podría optar como parte de la promoción de leyes como la de revocación de mandato del presidente y otros, por la legalización del juicio político y penal a los culpables históricos del terrorismo de Estado como Echeverría y Nazar Haro, Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, Fox, Peña Nieto, García Luna, de modo que no prescriban el secuestro y la tortura porque sus daños permanecen no sólo en las víctimas directas sino en sus familiares y allegados. Es grave la aprobación legal de la intervención telefónica y la captura sin orden de aprehensión que conllevan secuestro y tortura, pero más grave es que no haya parlamentario crítico del terrorismo de Estado.

Ricardo Loewe del CCTI me hizo ver la tardanza de 34 años para producir un testimonio satisfactorio de mi secuestro, tortura y al fin consignación en 1974. Si tú acostumbrado a la reflexión y la escritura tardaste eso, piensa en quienes no tienen más recurso que su dolor como daño profundo no evidente. En efecto, cada febrero acabo en urgencias respiratorias a donde llegó asfixiado. Este año el colapso fue puntual porque llegó en la noche del 13 al 14 de febrero, justo cuando se conmemoraban los secuestros en 1974 de quince compañeros de las FLN en Monterrey más los dos responsables y al ataque brutal a la casa de Nepantla con cinco masacrados para seguirse con mi secuestro policiaco y la cacería que acabó en Chiapas con el dirigente principal y sus compañeros de núcleo guerrillero en formación cuyos cuerpos no aparecen. No hay a quien recurrir para la cura del daño psicológico profundo salvo el CCTI donde saben aplicar el Protocolo de Estambul. Una compañera que también sufrió secuestro, tortura y cárcel, procura construir un centro de atención a víctimas y sobrevivientes. Alguien y no sólo los diputados y senadores donde hay algunos exguerrilleros reprimidos con altos cargos como Jesús Zambrano, debiera ocuparse para siempre de todo esto en bien de frenar al terrorismo de Estado. El gobierno de Durango anuncia el arranque de la primera Red de Atención Integral a Víctimas del Secuestro con el aval de la señora Miranda de Alto al Secuestro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Toca a los sobrevivientes del terrorismo de Estado y a los familiares de secuestrados y desaparecidos por militares o policías, organizar una red con psicólogos que entiendan de la represión mientras se procura eliminar el delito de secuestro equiparado aplicado a luchadores sociales.

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Etiquetas: Derechos Humanos, Ejercito, EPR, Pemex, Secuestro y capucha

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