Tortura e Impunidad

TORTURA E IMPUNIDAD.

Alberto Híjar.

El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad se ha distinguido por su rigor y constancia lo largo de sus primeros 5 años de su existencia. Condiciona su solidaridad con las denuncias enfurecidas sin más sustento que la digna rabia para precisar, en cambio, con pruebas contundentes los crímenes de Estado. Para esto, sus integrantes continúan sus esforzados estudios en salud pública, psicología y cuestiones indígenas, a fin de mantenerse actualizados y a la altura de las estructuras de seguridad fascistoides.
Ahora han presentado el libro de 133 páginas Tortura, pensamiento y acción del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 2004-2009. Para contribuir al conocimiento transformador de la lucha contra el Estado represor. Transformador en el sentido de superar la pura crónica dramática. Quizá por esto haya que empezar por el final con el texto de Cristina Bottinelli, fallecida en México en 2009 luego de seguir las secuelas de la tortura argentina. Psicóloga, docente, clínica e investigadora, fundó la Red de Estudios Psicosociales Interactivos. CCTI le dedica el libro y ofrece en él la Ampliación Declaratoria presentada a la efímera Secretaría de Derechos Humanos en abril de 1992 donde narra lo sufrido en 1975-76 y sus consecuencias. Descubre la dialéctica irreductible a la anécdota para en cambio establecer el lugar de los crímenes mediante reflexiones sintéticas que dan lugar a caracterizaciones contundentes. El lugar del secuestro-tortura fue La Escuelita en Neuquén, quinto cuerpo del ejército, subzona 52, según identificación posterior a los hechos.
Huellas borradas podría llamarse el testimonio de Cristina porque nada consta en actas. “Yo soy mi prueba” afirma luego de enumerar los efectos secundarios: “tres lesiones cerebrales ocasionadas por la picana derivaron en enfermedades irreversibles y cambiaron substancialmente mi vida” para luego ser atendidas por ella misma ante los temores de ser denunciada por el recuerdo del médico que recomendaba “cuidado…paro cardiaco…bajen el voltaje…paren…continúen”. Cita a Víctor Frankl, el psicólogo sobreviviente de un campo de concentración: “quien no pierde la cabeza aquí es que no tiene cabeza que perder”. Ella optó por perder la cabeza para nada informar en medio de recuerdos intrusitos (inesperados), alertas ante señales imprevistas, indefensión y vulnerabilidad constantes. El terror pues.
“La ausencia de pruebas es justamente la prueba” concluye a medio testimonio. Ahí está no sólo la desastrosa situación de sobreviviente sino los efectos familiares y sociales. La certeza de que van en serio las amenazas no sólo a su persona sino a los familiares, acumuladas al frío congelante, a los gritos y susurros, a la tenaz reducción a nada de su personalidad hasta desear la muerte y no tenerla, hasta llegar al juego del bueno y el malo para captarla como informante. Lo poco bueno después se convirtió en terror culposo apenas interrumpido cuando “parimos juntos mi hijo y yo el derecho a existir”.
Y de esto, el peligro de la introspección individualista hasta el aislamiento cuando la evidencia inmediata prueba a cada momento la dimensión social terrible, así sea por los alaridos del de junto. Ni reparación del daño, ni indemnización injusta, resuelven la necesidad de ir más allá de la compasión y la autocompasión ante los recuerdos de haber sido obligada al canibalismo, a reglar sin intimidad pero suspendiendo el sangrado como resistencia instintiva, a llevarse a la boca quizá un pene, a recibir disparos sin balas, a ser citada para luego que saliera como satisfacción del erotismo de los torturadores. La fueron a aventar en libertad en medio del desierto. Concluye Cristina con la exigencia de que no sólo se establezcan como delitos de lesa humanidad la detención clandestina y la desaparición forzada (Asamblea General de la ONU, 1992) sino también la tortura. Para eso existe el Protocolo de Estambul sin reconocimiento por el Estado mexicano. El experto del CCTI que lo aplicó a un torturado para presentar el dictamen como prueba, fue demandado por la PGR por usurpación de funciones.
El libro reflexiona y testimonia Atenco, ese enorme crimen impune que mantiene a doce encarcelados y a un poderoso y gastalón gobernador como precandidato presidencial, mientras el responsable de entonces Genaro García Luna medra al frente de la ¿Seguridad Nacional? de ¿México? Carlos Fazio mencionó en la presentación en la Comisión de Derechos Humanos del D.F. la consolidación de la tortura sexual contra las mujeres y algunos hombres en Atenco como prueba de la calidad de la asesoría francesa transmisora de las experiencias del ejército colonial contra el pueblo de Argel. En fin, de los voceros de la criminalización de las luchas sociales se ocupan Enrique y Santiago Victoria, Jacobo Silva plantea definiciones desde su experiencia de diez años en penales de máxima seguridad donde ocurren crímenes no tan notorios como el asesinato a balazos del famoso Ceja güera que acarreó la supresión de todo derecho de los presos. Se reseñan los testimonios femeninos vertidos en el Festival de la Digna Rabia por mujeres victimadas en Atenco, Cristina Híjar entrevista a las y los del CCTI y Ricardo Loewe escribe de lo que sabe como el que más: la historia de la tortura y el Protocolo de Estambul en México. Gran libro para quien quiera avanzar más allá de la pura solicitud de compasión y consuelo.
La presentación del importante libro el jueves 21 ocurre cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian las tropelías del ejército mexicano y las policías impunes como lucha contra el crimen organizado al que oponen el suyo propio. Cuando la Comisión para exigir la presentación con vida de los dos militantes del EPR desaparecidos vuelve a trabajar y denuncia los extravíos del expediente en la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando decenas de periodistas han sido ejecutados y otros intimidados y obligados a callar. Activistas de Ciudad Juárez denuncian el operativo militar de hostigamiento frente a la casa de Carlos Yeffim Fong Ronquillo conocido como el Gero, denunciante de las tropelías del ejército, las policías y los paramilitares. La lucha sigue y sólo tendrá fin cuando otra justicia resuelva el irremediable desastre humanitario de éste Estado brutal que mantiene al ejército y la marina en las calles y los caminos rurales para cumplir con la Iniciativa Mérida en beneficio de la mal llamada y malnacida seguridad nacional a la que sirve, entre otros, el excomandante salvadoreño Joaquín Villalobos ahora escoltado por Aguilar Camín y otros sicarios intelectuales semejantes al servicio de Álvaro Uribe, Felipe Calderón y sus respectivos planes Colombia y México de contrainsurgencia y guerra puerca. Treinta, cuarenta años han corrido desde los crímenes argentinos hasta ahora cobrados a Jorge Videla hoy reclamado por la justicia alemana, mientras el presidente salvadoreño convoca a la concordia imposible en un aniversario más de los Acuerdos de Chapultepec cuando Villalobos todavía del ERP entregó su fusil a Salinas de Gortari ante los reflectores y el ahora vicepresidente salvadoreño Sánchez Cerén, a nombre de las FPL, celebraba satisfecho sus buenos oficios traicioneros. Lo dicho: la lucha sigue.

Secuestro de Estado

SECUESTRO DE ESTADO.

Alberto Híjar.

En estos días, diputados y senadores discuten sobre el secuestro. Entre las precisiones necesarias ignoran aún las promovidas por la señora Miranda de Wallace respecto a los daños a los familiares y allegados. Esto conlleva la prescripción del delito evidentemente improcedente por los daños profundos que acarrea. De aquí también la responsabilidad del Estado para el tratamiento de las víctimas y el necesario apoyo a las organizaciones civiles empeñadas en la solución del problema, en especial, la de nombre elocuente: Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Este nombre alude a un punto de obligado tratamiento: el terrorismo de Estado. Sólo en él y por él se da la asociación tortura-impunidad…y secuestro. Es tan grave esta asociación que el más grande revolucionario centroamericano, Salvador Cayetano Carpio tituló su primer testimonio Secuestro y capucha. Ataduras y capucha asfixiante son obligados en el proceso de despersonalización de todas las torturas de Estado luego del secuestro policíaco o militar.

Con el proceso de militarización y paramilitarización en marcha orgullosa de Calderón, el terrorismo de Estado se fortalece. El Día del Ejército, Calderón llamó a legalizar atribuciones militares para actuar contundentemente según amenaza del general Galván. No usan aún el estado de emergencia sino basta con decir, por ejemplo, estado de afectación. “Más Colombia en México y más México en Colombia” proclamaron Álvaro Uribe y Calderón en la Feria del Libro de Bogotá con la invitación especial a México nada casual. Distinguidos escritores de Estado ofrecieron conferencias y entrevistas. Una cultura del terrorismo de Estado con todo y su impunidad es avalada y reproducida con la anuencia de intelectuales tan privilegiados como Krauze, Aguilar Camín, Volpi y hasta Sergio Pitol quien se dejó homenajear.

Todo esto merece discusión parlamentaria. El Estado soluciona una injusticia para consolidar y tapar muchas más. Sale libre luego de catorce meses el inculpado del asesinato de Brad Will en Oaxaca, pero no se repara el daño a él y su familia. Ahí mismo se vio desaparecer golpeados y amarrados a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz a quienes defiende el EPR luego de probar su poder de fuego con el ataque a ductos de PEMEX y la convocatoria a una Comisión que luego de cumplir puntualmente topó con la intolerancia de las secretarías de la Defensa y Gobernación para dar por terminado el diálogo. El EPR pidió continuar y la Comisión aceptó seguir y hasta se amplió incorporando valiosos auxiliares. La Secretaría de la Defensa alegó pérdida del documento donde se enlistaban los interrogantes aún sin responder. La impunidad se impone y Carlos Montemayor, el escritor siempre solidario y de respuesta rápida, sufre grave enfermedad acumulada al desánimo en el punto de quiebre con el Estado represor y protector de criminales. Los dos desaparecidos del EPR sufren más que los once de Atenco incluyendo a los tres en penal de máxima seguridad culpados de secuestro equiparado o sea algo que se parece al secuestro pero que no lo es cuando retuvieron rehenes de Estado como propaganda pública el auditorio al aire libre de Atenco para entregarlos frente a cámaras y micrófonos a diferencia de los ejércitos del Estado que rompieron puertas y sacaron a rastras a inocentes. La recomendación de prisión perpetua de la señora Miranda de Wallace contra los secuestradores por incorregibles, se aplica en cambio a los de Atenco sentenciados a más de 65 años de cárcel.

A la estrategia revolucionaria de guerra popular prolongada y a las autodefensas de comunidades agredidas, el Estado responde con la guerra de baja intensidad y la defensa de la seguridad nacional. Para eso están los asesores no sólo yanquis, sino los franceses herederos del colonialismo contra los pueblos de Haití, Argel y Vietnam, los israelíes defensores del sionismo crudelísimo y los traidores centroamericanos como Joaquín Villalobos que si asesinó a Roque Dalton y entregó sus armas a Salinas de Gortari antes de firmar los Acuerdos de Chapultepec liquidadores del FMLN, es capaz de cualquier complicidad con los represores a quienes asesora.

Todo esto pone en crisis al parlamentarismo mexicano que una vez más podría optar por el institucionalismo falaz y retardatario de las comisiones de derechos humanos y las fiscalías especiales de todas maneras sin capacidades más allá de las recomendaciones contra las desapariciones forzadas. Pero también podría optar como parte de la promoción de leyes como la de revocación de mandato del presidente y otros, por la legalización del juicio político y penal a los culpables históricos del terrorismo de Estado como Echeverría y Nazar Haro, Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, Fox, Peña Nieto, García Luna, de modo que no prescriban el secuestro y la tortura porque sus daños permanecen no sólo en las víctimas directas sino en sus familiares y allegados. Es grave la aprobación legal de la intervención telefónica y la captura sin orden de aprehensión que conllevan secuestro y tortura, pero más grave es que no haya parlamentario crítico del terrorismo de Estado.

Ricardo Loewe del CCTI me hizo ver la tardanza de 34 años para producir un testimonio satisfactorio de mi secuestro, tortura y al fin consignación en 1974. Si tú acostumbrado a la reflexión y la escritura tardaste eso, piensa en quienes no tienen más recurso que su dolor como daño profundo no evidente. En efecto, cada febrero acabo en urgencias respiratorias a donde llegó asfixiado. Este año el colapso fue puntual porque llegó en la noche del 13 al 14 de febrero, justo cuando se conmemoraban los secuestros en 1974 de quince compañeros de las FLN en Monterrey más los dos responsables y al ataque brutal a la casa de Nepantla con cinco masacrados para seguirse con mi secuestro policiaco y la cacería que acabó en Chiapas con el dirigente principal y sus compañeros de núcleo guerrillero en formación cuyos cuerpos no aparecen. No hay a quien recurrir para la cura del daño psicológico profundo salvo el CCTI donde saben aplicar el Protocolo de Estambul. Una compañera que también sufrió secuestro, tortura y cárcel, procura construir un centro de atención a víctimas y sobrevivientes. Alguien y no sólo los diputados y senadores donde hay algunos exguerrilleros reprimidos con altos cargos como Jesús Zambrano, debiera ocuparse para siempre de todo esto en bien de frenar al terrorismo de Estado. El gobierno de Durango anuncia el arranque de la primera Red de Atención Integral a Víctimas del Secuestro con el aval de la señora Miranda de Alto al Secuestro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Toca a los sobrevivientes del terrorismo de Estado y a los familiares de secuestrados y desaparecidos por militares o policías, organizar una red con psicólogos que entiendan de la represión mientras se procura eliminar el delito de secuestro equiparado aplicado a luchadores sociales.

IMPUNIDAD

IMPUNIDAD

Alberto Híjar.

Puntual como siempre, Hermann Bellinghausen informa de los trabajos del Encuentro Americano contra la Impunidad celebrado el fin de semana del 20 y 21 de junio en el Caracol de Morelia, Chiapas. En principio anotó la injusta prisión de los siete ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón luego de ser torturados y acusados por asaltar caminos cuando todo lo que hacen es defender su territorio amenazado por los planes turísticos del gobierno de Juan Sabines a quien paradójicamente La Jornada dedica diarios reportajes y alguna que otra inserción pagada con todo y fotos de sus celebraciones. Por estos días, comenta el cronista de las Juntas de Buen Gobierno, los Municipios Autónomos Rebeldes y Los Caracoles, el CISEN y los gobiernos local y federal hostigan al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en las personas de dos de sus miembros gozosos por el premio Príncipe de Asturias ganado a pulso por la benemérita institución.
Distinguidas presencias fueron recibidas por la comisión formada por jóvenes mujeres. Luis Villoro, el filósofo autor del clásico Los grandes momentos del indigenismo en México, afirmó la caducidad del indigenismo paternalista y manipulador aunque nada dijo sobre su responsable actual, el panista histórico Luis H. Álvarez coludido con las infamias del gobernador Sabines. Hugo Blanco llegó desde Los Andes donde en los sesenta encabezó una importante rebelión. Vino para insistir en la gravedad de la masacre de Bagua, Perú contra los pueblos amazónicos “los más primitivos desde el punto de vista occidental pero también menos contaminados por los males del mundo moderno”. Al movimiento de los Sin Tierra de Brasil los representó Camilo dos Santos y al Congreso Nacional Indígena Juan Chávez quien leyó la Declaración de Santa María Ostula. Carlos Fazio y el activista paraguayo Martín Ahumada denunciaron la impunidad de los asesinos de pueblos y comunidades y por su parte Humberto Miranda denunció los crímenes yanquis contra Cuba dolida por los cinco patriotas presos en Estados Unidos. Fueron muchas más las denuncias y las impunidades dichas en el Encuentro.
Basta con revisar las secciones locales de la prensa para advertir la impunidad. Las luchas populares suelen incluirse en las páginas de los crímenes comunes. En Oaxaca, el inculpado por el asesinato de Brad Will enfrenta la cuarta orden de aprehensión pese a los amparos ganados ante la falsedad probada de los testigos comprados por el gobierno criminal de Ulises Ruíz. El Comité Hasta Encontrarlos aprovechó el Día del Padre para insistir en la presentación de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz del EPR a la que suman la de Francisco Paredes de la fundación Diego Lucero, la del chatino Lauro Juárez y la denuncia del asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce de la Organización por el futuro del Pueblo Mixteco de Ayutla. Defensor de la Huasteca Potosina, José Antonio Dorantes “El Hierbas”, ha sido aprehendido y encausado por un supuesto delito en julio de 2000 cuando andaba en Jalpilla muy lejos de donde fue retenido un vehículo con todo y conductor para que la empresa de autobuses se hiciera cargo del atropellamiento y muerte de una niña. De índole semejante es la acusación contra la Delegada de Zacacuautla Filiberta Nevado y sus compañeros defensores del bosque y el agua que atravesaron una patrulla en la carretera a Honey para llamar la atención contra las autoridades municipales, la SEMARNAT y la Secretaria de Gobernación de Hidalgo empeñadas en proteger a los taladores y en especial al cacique mayor Pedro Canales. Los campesinos organizados han logrado impedir que saquen la madera aunque no el derribo de añosos árboles. Felipe Arriaga, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera sufrieron torturas y prisión injusta por defender los bosques y el agua de Guerrero y en la sierra del Ajusco, Los Chimalapas, Guerrero, Chiapas y Quinta Roo, los crímenes contra el ambiente son tan cotidianos como la impunidad de los promotores turísticos.
La lista de agravios e impunidades es enorme y tendría que seguir con los casos de los niños de Hermosillo, los mineros de Pasta de Conchos y Lázaro Cárdenas, la devastación de la laguna de Cuyutlán en Colima para instalar una gasera trasnacional, las denuncias sobre las calamidades de los proyectos turísticos desviando cauces, haciendo presas y carreteras destructoras del ambiente y los miles de fraudes de los de cuello blanco. La impunidad es trasnacional y obliga a pactos criminales como los ostentados por Felipe Calderón y Álvaro Uribe como promotores del Plan Colombia-Iniciativa Mérida-ASEAN y Comando Norte en marcha. Lucía Andrea Morett la sobreviviente de la invasión armada del ejército colombiano apoyado por la base yanqui de Manta a Sucumbíos donde fueron masacrados cuatro estudiantes mexicanos y más de veinte combatientes colombianos, tiene que esconderse por las órdenes de aprehensión ecuatorianas cuando debiera estar declarando como testigo del ataque y curándose de las heridas recibidas. Igual de oculta debe seguir América del Valle de Atenco con su padre sentenciado a 112 años de prisión mientras el gobernador Peña Nieto y sus sicarios preparan la candidatura a la presidencia de la República. Violadas y asesinadas en Chiapas, 1994, las tres hermanas oaxaqueñas González Pérez han sido olvidadas. Pueblos enteros como los Loxicha sufren el dolor de sus presos políticos y del impune accionar de caciques y funcionarios.
Lo dijo Miguel de la Madrid: la impunidad es necesaria para un Estado como el sufrido por México. Pero esto no es irremediable. Lo que pasa es que “somos muchos desgraciados pero muy desperdigados” como canta León Chávez Teixeiro. Esto exige un deseo de larga vida para el Centro Contra la Tortura y la Impunidad que está celebrando sus primeros cinco años de fructífera vida. Tendríamos que terminar a la manera de Javier Sicilia pidiendo castigo a los culpables de las masacres de Acteal, El Bosque, El Charco, Oaxaca, Atenco, Aguas Blancas, Tlatelolco.

El Debido Proceso

EL DEBIDO PROCESO

Alberto Híjar.

Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia (fallos en el lenguaje técnico no exento de ironía) contradicen lo afirmado por el Secretario de Gobernación en su obligada comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, campesino cantor de corridos a Lucio Cabañas en los setenta. Cosas del pasado dijo para seguir la línea presidencial de exigir pruebas de las violaciones a los derechos humanos esgrimidas por el Senado yanqui para atorar la Iniciativa Mérida a cambio de mayor ingerencia en los controles policíacos y militares.
Alegan los magistrados fallas en el debido proceso de Acteal y a la par niegan amparo a la viuda de un trabajador balaceado en un retén de Ciudad Juárez. Así las cosas, nada es prueba suficiente, ni la flagrancia porque siempre queda la duda sobre la visión de los vencidos, los ofendidos, los sobrevivientes, siempre sospechosos de parcialidad. Para probarla, nada mejor de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) influido por una iglesia evangélica del mismo credo que los enemigos de Las Abejas católicas de Acteal acompañados por escritores con amplia cobertura radial y televisual como Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Meléndez, Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio de los diarios Milenio y El Universal, los lectores de noticias censuradas y hasta los chistositos como ese que le dicen Escaca y su jefe Esteban Arce de Matutino Express, Lorett de Mola el chico, Pedro Ferríz el pequeño y la runfla de desinformadores al servicio de la mentira y la deformación noticiosa. Jamás estarán desempleados mientras dure el Estado mexicano y sus gobiernos urgidos de lavadores de cerebro. Así como el TRIFE ha procurado sin éxito impedir la difamación en las campañas electorales, la Suprema Corte debiera intentar el castigo de los calumniadores profesionales.
Hay en todo esto un desencuentro histórico abordado por Carlo Ginsburg cuando confronta al historiador y al juez. Uno está por la verdad en el todo y en los detalles y el otro está por la legalidad como texto. Michael Foucalt se ocupó de hacer la historia del derecho como propio de la acumulación capitalista exigida de criminalizar sus oposiciones con instituciones adecuadas. En la acumulación originaria del capital europeo se instituyó el derecho, la jurisprudencia y la profesión de abogado para terminar con los ajusticiamientos públicos luego que un tribunal supuestamente infalible determinaba las culpas ratificadas a base de torturas y vejaciones ampliadas a los familiares. En el campo latinoamericano los procedimientos del feudalismo europeo siguen usándose como consecuencia del caciquismo, esa estructura de poder necesaria a los conquistadores asociados con los dirigentes indígenas para heredar el procedimiento garante del latifundismo y la explotación extrema de las comunidades originarias envilecidas con la complicidad de la Iglesia católica. En los setenta, apellidarse Cabañas, Gervasio, Iturio o Radilla en Guerrero era suficiente para ser golpeado, torturado, encarcelado y en ocasiones desaparecido. Entre las imágenes imborrables proporcionadas para el Museo de Sitio en Atoyac está la de un anciano desnudo enloquecido por la tortura. El debido proceso viene después como sucesión de escritos y trámites en garras de abogados que cobran caros sus servicios cuando no son de organizaciones de servicio social a los perseguidos. Los escritos cuentan con un lenguaje cifrado ininteligible para el preso y las organizaciones populares carecen de cursos de alfabetización para saber que hacer en casos de represión estatal. Cuando mucho, hay cursos de derechos humanos obviamente insuficientes. En lo personal, recuerdo el auto de formal prisión leído por un secretario en una rejilla de Lecumberri. No entendí nada y supuse que estaba perdido por el nombre del documento que en realidad significaba mi acusación como conspirador con un proceso que podía seguir fuera de la cárcel mediante una fianza según me explicó el benemérito abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas que llegó corriendo al final de la diligencia para advertirme que a propósito me habían llevado hasta ahí minutos antes del cierre del juzgado a las tres de la tarde por lo que había que esperar una noche violenta de despedida como en efecto ocurrió como preámbulo a un proceso iniciado con mi secuestro y tortura policiales. En rigor, ni cuando entramos al ritual judicial el debido proceso se realiza, menos cuando se trata de analfabetas o monolingües que no entienden el español.
Dentro de las cárceles, un sistema de autogobierno acordado entre la dirección, los custodios y los mayores de las crujías seleccionados entre los capos mafiosos, somete al prisionero a cuotas para pagar por todo con el dinero de las visitas, con depósitos en cuentas bancarias o con trabajos corporales infames. Desde sus elegantes sitiales, ataviados con sus ridículas togas y asistidos de toda suerte de privilegios, los señores ministros envejecidos en sus negocios, hacen los proyectos sin más consideración que el rigor del texto con una suposición de sus referentes a conveniencia del Estado a quien deben sumisión absoluta. El caso Acteal de manera semejante al de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, prueban el sentido clasista y racista del sistema jurídico en México. No puede ser de otra forma ante la escalada represiva en todos los órdenes de la administración de la crisis en beneficio de los más ricos y poderosos. A menos que las organizaciones populares apoyaran combativamente a las comisiones de derechos humanos y a los familiares de perseguidos y desaparecidos hasta acabar con la impunidad, las complicidades infames y los encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas.